A escasos 7 días del evento democrático más importante del país, debemos rendirnos ante la evidencia de que los grupos de poder en el Perú no son una leyenda urbana, ni una conspiración imaginada, sino que son una amarga e intolerable realidad, que sin embargo no podemos ni debemos aceptar.

¿Es una coincidencia acaso que a dos de los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se les haya establecido claros vínculos con el APRA? Y cómo es posible que haya pasado desapercibido a la opinión publica el hecho que el mismo presidente del JNE haya estado envuelto en escándalos de tráficos de influencia en el pasado.

En las últimas semanas, hemos visto circular imágenes, videos de candidatos que impunemente andaban por ahí cambalacheando dinero, regalos, comida a cambio de votos. En una secuencia que ejemplifica claramente el delito de coerción electoral, vemos a una persona del mismo partido haciendo jurar a un grupo de mujeres que darán su voto. Y sin embargo en una votación de 3 contra dos el JNE ha avalado esta situación.

Observadores y miembros de la prensa extranjera han manifestado su inquietud y sus reparos frente a los desmanes legales del JNE. El parecer internacional es unánime: la tacha de un candidato que representa la alternativa más obvia frente a una candidatura dudosa y controvertida, por decir lo menos, es un claro intento de regalarle las elecciones al partido de un personaje que desde la oscuridad de la prisión perpetua parece poder manipular el destino de millones de peruanos.

En medio de este zafarrancho de irregularidades, cunde, minuto a minuto, el sentimiento entre la prensa y en las redes sociales que este proceso electoral ha quedado huérfano de legitimidad.

El Perú frente al abismo

Viciar el voto o votar en blanco parecería la opción más coherente, la que expresaría de modo más elocuente el disgusto y protesta ante un proceso electoral que ha sido amañado a vista y paciencia de todo el mundo, y con la complicidad tacita del resto de participantes.

La primera opción electoral es Keiko Fujimori, sucesora biológica y simbólica de uno de los presidentes más corruptos de nuestra historia, su solo apellido debería ser motivo de ostracismo político y sin embargo su candidatura ha avanzado como un cáncer maligno a fuerza de magullas y malas artes hasta conseguir más de un tercio de la intención de voto.

De ganar Keiko Fujimori, el Perú se convertiría de hecho en el primer país del mundo que implícitamente elige a un convicto, sentenciado a cadena perpetua, y a las mafias que contribuyeron al desorden, a la corrupción y al debacle moral de la década de los 90s.

La segunda opción se disputa entre PPK y Veronika Mendoza. PPK, a los ojos de muchos, aparece como el campeón de la derecha capitalista más prepotente y rapaz, su imagen proyecta una propensión paternalista de gringo acriollado y perdonavidas que considera que los peruanos necesitamos mano dura y un management servil a los intereses del capitalismo criollo e internacional. Una victoria de PPK, además de una regresión en la evolución de la política peruana, supondría un frenazo del incipiente proceso de integración de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la consecuente desestabilización social y política del país.

En este desmoralizador contexto, Veronika Mendoza, aparece como una alternativa de emergencia, que no termina de convencer debido a su relación formal con la izquierda peruana. Una izquierda que valgan verdades pocas veces ha asumido la responsabilidad del poder o del gobierno. Veronika Mendoza durante su campaña ha mostrado integridad e inteligencia, no ha abusado de la demagogia propia de la izquierda infantil y en las próximas horas quizá pase de ser la persona que estaba en el buen momento en el buen lugar y se convierta en la candidata que el Perú necesita.

Pase lo que pase jamás se le deberá perdonar al JNE el haber puesto en peligro la estabilidad y el futuro democrático del país.

Ginebra 3 de abril de 2016